“Dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos, nos quieren asesinar”, estas fueron las palabras pronunciadas en uno de los últimos videos que transmitió el ex policía Óscar Pérez desde sus redes sociales, poco antes de ser asesinado por cuerpos de seguridad el 15 de enero de 2018, junto a otras seis personas que le acompañaban, en lo que organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) calificaron como la “masacre de El Junquito”.

El integrante de Provea, Marino Alvarado, indicó que esa organización registra más de 27 mil casos de ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2010 y agosto de 2020. A su juicio, el asesinato de Pérez fue un caso emblemático de este tipo de procedimientos por parte de las fuerzas policiales y militares del Estado venezolano, debido al uso de Pérez de las redes sociales. Los videos transmitidos dejaron evidencia de la voluntad de rendirse del policía que se rebeló en armas en contra del gobierno de Maduro. “La política de seguridad ciudadana en Venezuela es aniquilar, por eso hemos dicho que hay una política de estado de exterminio contra los presuntos delincuentes. La policía no dispara para neutralizar a la otra parte sino para aniquilarla”, explicó el abogado.

Las evidencias sobre este proceder abundan en el caso de Pérez y su grupo, pues las siete personas abatidas presentaban impactos de bala en la cabeza, de acuerdo con las actas de defunción elaboradas por la medicatura forense del propio Gobierno. Fotografías que fueron luego filtradas a la prensa revelaron que varios de los cuerpos recibieron ráfagas de disparos, con varios orificios en los brazos y las manos, señal de que intentaban protegerse de armas de fuego que estaban a poca distancia.

También se filtró un audio, presuntamente del operativo, en el que se escucha a uno de los funcionarios decir “nadie dispara, esto es una entrega” poco antes del desenlace fatal. Hay videos que documentan el uso desproporcionado de la fuerza, como la utilización de un lanzacohetes antitanque portátil de origen soviético (RPG por sus siglas en ruso) que habrían sido accionados hasta en 8 oportunidades. “Haber asesinado a las personas en esas condiciones refuerza la idea de que los funcionarios policiales están por encima de la ley, y en segundo lugar de que no van ser investigados y sancionados” indicó Alvarado.